El 8 de enero Nick Samuel Oropeza Borjas cumplió 19 años. Con permiso de su madre fue a la concentración del 23 de enero, en la que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de  Venezuela. Era la primera vez que asistía a una actividad política. "Nunca lo dejé ir a manifestaciones, porque era menor. Esta vez, ya mayor de edad, lo dejé. Era su criterio y fue con mi hermano y otros familiares", cuenta su madre, Ingrid Borjas. El día transcurrió con normalidad. Nick regresó contento y contó que había conocido a la dirigente opositora María Corina Machado en Chacao, con la que se hizo varias fotos. Pasó la tarde con unos amigos de su vecindario, en el barrio Macarao (oeste de Caracas), y en la noche le avisó a su mamá que regresaría a casa. En el camino, sin embargo, se desvió.

Los vecinos habían iniciado una protesta, algo que no se veía casi en ese sector popular y tradicionalmente chavista. Bloquearon la calle y quemaron basura, como venían haciendo en otros barrios de Caracas y del interior del país desde comienzos de la semana. “Él se fue con unos amigos a curiosear. Iban corriendo. Los ánimos estaban caldeados. La gente estaba lanzando piedras a la Guardia Nacional que intentaba despejar la vía, los militares se replegaron, pero luego volvieron, unos disparando al aire y otros hacia la gente que se acercaba a la protesta”, le relataron a Borjas testigos.

Nick recibió tres de esos disparos. Uno le perforó el pulmón. En un centro de salud cercano, su mamá lo encontró vivo. Él le dijo que no podía respirar. “Cuando lo vi lo que hice fue regañarlo, decirle que por qué no se había ido a la casa. No me había dado cuenta de que había un pozo de sangre debajo de su camilla”. Por falta de ambulancias, lo llevaron en una camioneta a un hospital. Murió desangrado en el camino. “Mataron a mi hijo y me mataron a mí. Hacíamos todo juntos, estábamos esperando que terminara el bachillerato para irnos a Chile con su hermano que se fue hace tres meses. Nick quería ser gastrónomo”, dice la mujer llena de dolor.

La de Nick es una de las 35 muertes que ha dejado una semana de violenta represión de las protestas desatadas en medio del hondo deterioro económico y social; un descontento que se ha montado sobre la crisis institucional que generó la toma del juramento de Nicolás Maduro  fuera de la norma constitucional, luego de unas elecciones sospechosas de fraude, y que ha llevado a las fuerzas opositoras a plantarse una transición política encabezada por Guaidó. Seis muertos por día, todos asesinados con armas de fuego.

PERSECUCIÓN 

Los asesinatos y casi un millar de detenciones arbitrarias que han dejado la actuación policial estos días han quedado cubiertas por el velo de la desinformación y la impunidad, muchas ocurridas en la oscuridad de la noche y en las zonas populares. Ni Maduro ni su aparato de justicia han hablado al respecto. “No se pueden combatir piedras con balas. La gente tiene derecho a protestar y para esos muchachos que se han llevado detenidos en el barrio, que los han golpeado y caído a palos, ¿dónde está el debido proceso?”, se pregunta llorosa Borjas, de 48 años de edad, que se hizo abogada en las misiones educativas que fueron bandera del Gobierno de Hugo Chávez.

A Johandry Calcurian, un joven de 23 años, empleado en una zapatería y padre de un niño de 4, también lo mataron el 23 de enero presuntos funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, un brazo de fuerza que el propio Nicolás Maduro ordenó crear cuando casi finalizaba el ciclo de protestas de 2017. “Todos estos días ha habido manifestaciones por la falta del gas y de las cajas de comida. Ese día, la gente seguía protestando contra el gobierno en la redoma de Petare y de repente llegó la FAES disparando. Hubo muchos heridos, y luego por el barrio también ha habido muchos velorios”, cuenta su suegra Yasmín González. La mujer vive en el sector José Félix Ribas, en donde la última semana han ocurrido incursiones violentas de la policía buscando manifestantes. “Nunca nos habíamos sentido tan ahogados con la actuación de la policía, está cayendo gente inocente, se están metiendo en las casas rompiendo las rejas que tanto le han costado a uno”.

La abogada Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, diferencia las protestas de 2019 con las anteriores por el nivel de represión. “En 2014 hubo 43 en varios meses de manifestación mientras que, en siete días de 2019, ya tenemos casi la misma cantidad. No hay dudas de que la forma de represión es más brutal, lo cual destaca porque no es la represión caracterizada por atacar con bombas lacrimógenas y perdigón a las personas, sino que la actuación de la policía es comparable a la del hampa. El funcionamiento de la FAES es una caja negra”, explica la parlamentaria que trabaja en la documentación de los casos con ONG para denunciarlos en instancias internacionales.

IMPUNIDAD

El mural en memoria de Alixon Osorio Dos Santos Pisani, hecho por sus amigos y familiares, fue borrado el domingo, un día después de pintarlo en Catia, una zona llena de rostros de Hugo Chávez y pintas a favor de la revolución. Pisani, de 19 años, fue asesinado cuando protestaba contra el gobierno de Maduro por presuntos agentes de la FAES. Su muerte fue la primera de 35 registradas en una semana en Venezuela, producto de las protestas opositoras. Era panadero en Catia, no concluyó el bachillerato, su salario no le alcanzaba ni para cortarse el cabello, dice su tía Nivea Pisani.

La mujer se enteró de la muerte de su sobrino por unos amigos de él. Ella pensó que era broma, luego en el Hospital Periférico de Catia le tocó reconocerlo muerto. Los médicos se negaron a darle el informe forense y la policía, muchos con fusiles de asalto R15 y capuchas en las cabezas, comenzaron a disparar en la puerta del centro de salud. Pisani se escondió por horas mientras los agentes forcejeaban para entrar al hospital sin lograrlo. Finalmente, salió por la puerta trasera. Su denuncia está hecha ante la policía de investigación, pero ella no tiene esperanzas de justicia en Venezuela. “Si protestamos nos matan, si callamos sigue el gobierno de Maduro. Cuando uno votó por el chavismo pensó que todo iba a cambiar y habría oportunidades para los pobres”.

Marino Alvarado, investigador de la ONG de derechos humanos Provea, dice que la FAES actúa con plena impunidad y sin control. “Hay una serie de irregularidades. La FAES está diseñada para implantar el terror. Su alto nivel de letalidad es preocupante. Son grupos que actúan con armamento de guerra en operaciones ordinarias. Es ilegal que lleven los rostros ocultos, no muestren ninguna identificación y además eliminen las placas de sus vehículos. Eso les garantiza impunidad ante la ley”.

Julieta Ovalles reconoció a su hijo por las fotos de sus tatuajes en la morgue del Hospital de San Cristóbal, en Táchira. Luigi Ángel Guerrero Ovalles, de 24 años, estudiante de Comunicación Social, también fue a la masiva concentración del 23 de enero en ese estado del occidente del país. “Se fue sin cédula y ni teléfono, para que no lo robaran. Solo llevó una mandarina. Nunca iba a marchas, pero esta vez quiso ir porque había un buen ánimo”, cuenta su madre.

La manifestación en respaldo a Guaidó transcurrió sin problemas; al dispersarse empezó el caos. Un grupo parapolicial, los llamados colectivos, agentes del FAES y la Guardia comenzaron a disparar. “Me lo imagino todo nervioso en ese momento, mi hijo no estaba acostumbrado a esas cosas. Casi no salía, siempre en la casa con su computadora”. Julieta estaba empleada como periodista para un organismo del gobierno, pero luego de lo ocurrido decidió no volver al trabajo. “No pienso trabajar para adular a un gobierno que mató a mi hijo. Yo aspiro a que se haga justicia, porque esta vez salieron a matar gente”.

Fuente "El País".